Regulación del juego online en Perú hacia 2026: impuestos y retiros

La ley vigente establece un impuesto específico sobre los ingresos netos de juego de los operadores autorizados, que se suma al Impuesto a la Renta y al IGV en los servicios conexos. La tasa se sitúa en el rango de los dos dígitos y se aplica sobre la diferencia entre apuestas recibidas y premios pagados, con obligaciones mensuales de declaración y pago ante la Sunat.

Para 2026 se discuten ajustes en la base imponible y en los mecanismos de retención para operadores que usen pasarelas de pago locales. Un aumento de la carga podría trasladarse a los usuarios mediante menores bonos, cuotas menos competitivas o límites más estrictos de promoción, mientras que una estructura más estable favorecería inversiones en plataformas certificadas, herramientas de juego responsable y sistemas de verificación en tiempo real.

En el plano del jugador, el debate se centra en cómo tratar las ganancias netas obtenidas en plataformas con licencia peruana frente a las que operan desde el exterior. La Sunat ya cuenta con facultades para requerir información a entidades financieras y procesadores de pago, y se evalúa un esquema de retención en la fuente para premios que superen determinados umbrales anuales o por operación.

Hacia 2026 se barajan tres criterios clave: diferenciar entre juego recreativo y actividad habitual, fijar montos mínimos exentos para pequeños premios y coordinar con bancos y billeteras digitales el reporte de movimientos vinculados al juego. Un diseño poco claro podría generar doble tributación o incentivos para migrar a plataformas no reguladas, mientras que reglas precisas facilitarían la planificación fiscal de los usuarios.

Las reglas de retiro se están convirtiendo en una pieza central de la regulación, tanto por la protección al usuario como por la prevención del lavado de activos. El marco actual ya exige que los operadores identifiquen al titular de la cuenta, usen medios de pago nominativos y apliquen procedimientos de conocimiento del cliente, con reportes obligatorios a la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se detectan operaciones inusuales.

De cara a 2026 se prevén límites diarios y mensuales más claros para retiros, plazos máximos de procesamiento y mayor trazabilidad entre el método de depósito y el de cobro. También se discute la obligación de segmentar a los usuarios por nivel de riesgo, con verificaciones adicionales para montos elevados o patrones de juego intensivo, lo que podría traducirse en más solicitudes de documentación antes de autorizar retiros significativos.

La regulación peruana incorpora obligaciones de juego responsable, como herramientas de autoexclusión, límites de depósito y mensajes de advertencia sobre riesgos de adicción. Para 2026 se proyecta reforzar estos mecanismos con evaluaciones periódicas de comportamiento, canales de atención especializados y campañas coordinadas con el sector salud, en línea con estándares de países que ya regulan el juego remoto desde hace más de una década.

En paralelo, Perú participa en foros regionales donde se comparten listas de operadores sancionados, criterios de certificación de software y buenas prácticas de supervisión. Esta cooperación puede derivar en acuerdos para bloquear pagos a sitios sin licencia, intercambiar información sobre fraude transfronterizo y armonizar criterios de sanción, lo que impactaría tanto en la oferta disponible como en la seguridad jurídica de los jugadores locales.